El sector de las mudanzas y guardamuebles atraviesa una asfixia operativa sin precedentes. A pesar de prestar un servicio público fundamental para familias, empresas e instituciones, como así lo reconocen los propios responsables de las administraciones, el colectivo sufre el desinterés de la Administración, trabas municipales e intrusismo impune.
El diagnóstico del sector en los últimos años resulta alarmante por su inmovilidad. Desde hace años se denuncia el intrusismo creciente y los concursos públicos fuera de la realidad. Años después, Juan Manuel Rubio, presidente de FEDEM, confirma que la situación lejos de mejorar se ha enquistado.
“Es indignante constatar que las reivindicaciones que hacíamos hace años son exactamente las mismas hoy. La Administración ha mirado hacia otro lado durante doce años, permitiendo que la economía sumergida se adueñe del mercado. Además, las empresas seguimos sin buscar el paraguas de FEDEM para trabajar unidas, para luchar juntas en ideas y lamentos comunes”, afirma Juan Manuel Rubio.
Los ayuntamientos como obstáculo diario
El trabajo diario de una empresa de mudanzas se ejecuta de manera directa en la vía pública de ciudades y municipios. Sin embargo, en lugar de facilitar la operativa de un servicio indispensable, las administraciones locales se han convertido en uno de los principales focos de dificultad.
Cada ayuntamiento aprueba sus propias ordenanzas de forma heterogénea y arbitraria, exigiendo plazos de tramitación para los permisos de ocupación de vía pública que oscilan entre varios días y semanas de antelación, acompañados de tasas fiscales sumamente elevadas. A ello se le suma la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y las restricciones de movilidad urbana, diseñadas en la mayoría de los casos sin prever autorizaciones ni excepciones para los vehículos de mudanzas y grúas montamuebles, obligados a realizar operaciones prolongadas de carga y descarga.
"No es admisible que para prestar un servicio en España una empresa tenga que lidiar con más de 8.000 normativas municipales distintas. Unos ayuntamientos exigen permisos con casi un mes de antelación, otros aplican tasas desmedidas por metro cuadrado de reserva de espacio, y la mayoría carecen de un canal de urgencia para mudanzas imprevistas. Da la impresión de que las administraciones locales tratan a las mudanzas como una molestia urbana y no como una actividad logística esencial para los ciudadanos, denuncia el presidente de FEDEM.
Licitaciones irreales
La Administración Pública, que debería velar por el cumplimiento de la legalidad y la calidad en la contratación, resulta ser uno de los actores que más perjudica al sector. Los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas para el traslado de sedes administrativas, ministerios, juzgados o centros educativos continúan priorizando de forma casi exclusiva el precio más bajo.
Esta práctica provoca que los contratos públicos se adjudiquen habitualmente a empresas de mensajería, operadores de logística general o intermediarios que carecen de autorización de transporte específica, vehículos adecuados, grúas montamuebles o personal cualificado en la manipulación de enseres. En muchos casos, estas empresas terminan subcontratando los trabajos a terceros en condiciones de extrema precariedad.
Intrusismo impune
La falta de control alimenta una competencia desleal devastadora. Operadores ilegales sin impuestos, seguros ni contratos laborales hunden los precios y dejan indefenso al usuario ante posibles desperfectos.
Ante ello, desde FEDEM se exige una mesa de diálogo con los grupos políticos y el Ministerio de Transportes, una contratación justa, con la exclusión de bajas temerarias en concursos públicos y campañas coordinadas de Inspección de Trabajo y Guardia Civil contra la piratería empresarial.
El diagnóstico del sector en los últimos años resulta alarmante por su inmovilidad. Desde hace años se denuncia el intrusismo creciente y los concursos públicos fuera de la realidad. Años después, Juan Manuel Rubio, presidente de FEDEM, confirma que la situación lejos de mejorar se ha enquistado.
“Es indignante constatar que las reivindicaciones que hacíamos hace años son exactamente las mismas hoy. La Administración ha mirado hacia otro lado durante doce años, permitiendo que la economía sumergida se adueñe del mercado. Además, las empresas seguimos sin buscar el paraguas de FEDEM para trabajar unidas, para luchar juntas en ideas y lamentos comunes”, afirma Juan Manuel Rubio.
Los ayuntamientos como obstáculo diario
El trabajo diario de una empresa de mudanzas se ejecuta de manera directa en la vía pública de ciudades y municipios. Sin embargo, en lugar de facilitar la operativa de un servicio indispensable, las administraciones locales se han convertido en uno de los principales focos de dificultad.
Cada ayuntamiento aprueba sus propias ordenanzas de forma heterogénea y arbitraria, exigiendo plazos de tramitación para los permisos de ocupación de vía pública que oscilan entre varios días y semanas de antelación, acompañados de tasas fiscales sumamente elevadas. A ello se le suma la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y las restricciones de movilidad urbana, diseñadas en la mayoría de los casos sin prever autorizaciones ni excepciones para los vehículos de mudanzas y grúas montamuebles, obligados a realizar operaciones prolongadas de carga y descarga.
"No es admisible que para prestar un servicio en España una empresa tenga que lidiar con más de 8.000 normativas municipales distintas. Unos ayuntamientos exigen permisos con casi un mes de antelación, otros aplican tasas desmedidas por metro cuadrado de reserva de espacio, y la mayoría carecen de un canal de urgencia para mudanzas imprevistas. Da la impresión de que las administraciones locales tratan a las mudanzas como una molestia urbana y no como una actividad logística esencial para los ciudadanos, denuncia el presidente de FEDEM.
Licitaciones irreales
La Administración Pública, que debería velar por el cumplimiento de la legalidad y la calidad en la contratación, resulta ser uno de los actores que más perjudica al sector. Los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas para el traslado de sedes administrativas, ministerios, juzgados o centros educativos continúan priorizando de forma casi exclusiva el precio más bajo.
Esta práctica provoca que los contratos públicos se adjudiquen habitualmente a empresas de mensajería, operadores de logística general o intermediarios que carecen de autorización de transporte específica, vehículos adecuados, grúas montamuebles o personal cualificado en la manipulación de enseres. En muchos casos, estas empresas terminan subcontratando los trabajos a terceros en condiciones de extrema precariedad.
Intrusismo impune
La falta de control alimenta una competencia desleal devastadora. Operadores ilegales sin impuestos, seguros ni contratos laborales hunden los precios y dejan indefenso al usuario ante posibles desperfectos.
Ante ello, desde FEDEM se exige una mesa de diálogo con los grupos políticos y el Ministerio de Transportes, una contratación justa, con la exclusión de bajas temerarias en concursos públicos y campañas coordinadas de Inspección de Trabajo y Guardia Civil contra la piratería empresarial.